Por Vigía y Cía. / El Frontera
La iniciativa de austeridad anunciada ayer por el presidente Felipe Calderón que implica reducir en un 10% el salario de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo es una medida que, aunque suene populista, deberían de ver adoptado en muchas entidades del País y por supuesto que Baja California no se escapa.
Resulta muy ofensivo que funcionarios de primer nivel de Baja California, empezando por el gobernador y algunos directivos de dependenciasde la Federación, están percibiendo cantidades sumamente altas. Hay casos todavía más ofensivos como el del secretario particular del gobernador, Raúl Shantu Alemán Salazar, quien gana 101 mil pesos más prestaciones, una cantidad que no ganan muchos funcionarios de mayor nivel y que tienen poder de decisión de gran trascendencia.
Por supuesto que todo esto es posible gracias a la lamentable discrecionalidad que existe en la definición de salarios, laguna que nadie se ha preocupado por llenar, debido a que nuestros flamantes legisladores están ocupados en abonarle a sus intereses partidistas, en la mayoría de los casos.
Por ello es buena la propuesta que ya tiene el diputado federal Carlos Torres y en la cual los legisladores, incluidos gobernadores y alcaldes, deberán someterse a una evaluación frente a representantes ciudadanos antes de aprobar cualquier incremento de sueldo.
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